sábado, 23 de mayo de 2020

El SARS-COV2 como arqueólogo de las instituciones mexicanas III. Derechos Laborales


Derechos laborales
Sobre el ámbito del trabajo seré breve: al inicio de este año, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo mostró que, hasta el cuarto trimestre del 2019, el 56.2% (más de 31 millones) de mexicanos activos laboralmente trabajaba en la informalidad, la mayoría en las regiones de mayor marginación en el país. De esta condición laboral no sólo debe considerarse el inestable ingreso familiar, sino el escaso o nulo acceso a otros derechos asociados como son los permisos de incapacidad por enfermedad, los servicios de salud, etc.
Precisamente a estas población desprotegida va dirigida la universalización de los servicios de salud que tanto se ha criticado por su incipiente gestión que sustituye al famoso Seguro Popular que no garantizaba realmente el acceso universal a la salud por requerir no sólo de un proceso de admisión, sino de un sinnúmero de trabas administrativas vinculadas a procesos privatizadores del servicio a la salud, pues el pago de muchos servicios iban del erario público a empresas a las cuales se subrogaba la atención.
El virus ha mostrado la precariedad de condiciones en las que trabajan los mexicanos en su mayoría. Con la entrada en vigor de la Jornada de Sana Distancia la prescripción de guardarse en sus respectivos hogares evidenció una realidad dolorosa: que más de la mitad de la población no podría hacerlo porque entonces dejarían de ingresar a sus bolsillos lo necesario para subsistir.
“Es terrible que esta nueva administración no haga nada al respecto para garantizar que se siga pagando a los empleados de las empresas privadas”, se escuchó en pantallas, radios y se leyó en los diarios. Pero se les olvidó que una de las poblaciones más vulnerables, como son las empleadas domésticas, apenas hace un año recibieron legalmente el derecho a ser consideradas trabajadoras, a lo que muchos “patrones”, y muchas “patronas” también, se opusieron porque las “muchachas” no trabajan para ellas, sino que les “ayudan” en sus casas, demeritando dicha labor.
También olvidaron que los jóvenes denominados “ninis” porque ante la imposibilidad de entrar a una escuela de educación media superior y superior no estudiaban y no trabajaban porque les pedían escolaridad mínima de bachillerato, se encuentran recibiendo actualmente un salario, mínimo si se gusta, pero salario al fin, como becarios en empresas de diversa índole para aprender a desempeñar una labor y certificarse con ciertas competencias que le permitan emanciparse del apoyo que están recibiendo. Dicho sea de paso, salario que reciben no de las empresas que se benefician con su fuerza de trabajo y mano de obra joven, sino del gobierno que atiende a una población estigmatizada por no acertar a pruebas estandarizadas de acceso a la educación.
Además, olvidaron que aquellos grupos con mayor dificultad para encontrar un empleo, como los adultos mayores y personas con discapacidad, están recibiendo un apoyo. También mínimo, si se gusta recalcar, pero que anteriormente era de carácter clientelar y en los últimos meses fue declarado un derecho constitucional, garantizado. Estos grupos que pocos o ningún empleador quiere contratar por su edad o su condición, si bien requieren legislaciones que garanticen su participación activa en la sociedad, se encuentran en vías de ejercer mejores derechos que antes.
Olvidan, para terminar, que la seguridad laboral se fue precarizando con las reformas entrantes con el siglo XXI y hasta antes del 2018, incluso en sectores que antes se consideraban bien remunerados tanto en el beneficio económico como en el social y de los cuales hoy queda poco. Tal es el caso de la labor docente que, con la reforma de 2013, imposibilitó la estabilidad de quienes ya se encontraban en el servicio y de quienes se iban incorporando.
Si muchos mexicanos están incapacitados para tomar las medidas de seguridad necesarias ante la contingencia, como el resguardo domiciliario es, entre otras cosas, por la precarización laboral que no nació el 1 de diciembre de 2018. Por el contrario: es resultado de una historia añeja en la cual se desprotege al trabajador a cambio de favorecer al amigo empleador del gobierno, siempre y cuando puedan mamar felizmente uno del otro.

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